El TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) es una propuesta de tratado de libre comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, cuyo objetivo sería la creación de la llamada TAFTA (Transatlantic Free Trade Area), un área de libre comercio transatlántica. Es una idea que viene siendo promovida por las élites políticas y corporativas transatlánticas desde los años 90 a través Think Tanks, cumbres, comisiones, lobbys de presión…
Este tratado se empezó a negociar entre la Comisión Europea y los EEUU en julio de 2013 y estaba previsto que las partes llegasen a un acuerdo a finales de 2014. Sus defensores predican que el tratado será beneficioso para el crecimiento económico de las naciones que lo integren, aumentando el PIB y facilitando la creación de cientos de miles de puestos de trabajo.
A pesar de que las negociaciones se han estado llevando a puerta cerrada (este secretismo no augura nada bueno y es una de las principales críticas que ha recibido el tratado), en marzo de 2014 se filtró un primer borrador, gracias al cual se ha podido saber que el TTIP se articula en torno a la consecución de tres grandes objetivos.
En primer lugar, eliminar todas las barreras arancelarias entre EEUU y la UE. Estas barreras ya son casi inexistentes, excepto para sector agrícola. La eliminación de aranceles llevará a los agricultores europeos a competir directamente con las grandes compañías agrícolas americanas, una competición de la que difícilmente podrán salir ganando. El resultado final será la concentración aún mayor de la producción agrícola en unas pocas compañías, el fin de la política agraria europea (que busca la sostenibilidad social, económica y medioambiental) y el aumento del desempleo en el sector agrario.
El segundo objetivo del TTIP es la eliminación o reducción de las barreras no arancelarias. En este apartado se incluyen todas las normas y regulaciones legales que puedan limitar la competencia económica (que en el borrador del tratado se define como una “libertad suprema e inalienable”). Esta armonización se haría efectiva mediante una reducción al mínimo común denominador de las regulaciones de la UE y los EEUU, lo cual tendrá desastrosas consecuencias en numerosos ámbitos (social, laboral, medioambiental, salud, privacidad…).
En el ámbito laboral, por ejemplo, los EEUU no han ratificado todos los acuerdos y convenciones de la Organización Internacional de Trabajo. Si las regulaciones laborales europeas fuesen rebajadas para armonizarse con las americanas, los trabajadores de la UE podrían ver en peligro su derecho a la libertad de asociación y las prácticas sindicales se verían amenazadas.
La armonización de estándares medioambientales entre la UE y los EEUU debilitaría el “Principio de Precaución” vigente en Europa (que obliga a realizar pruebas científicas a los productos antes de comercializarlos), acabaría con la regulación REACH europea (según la cual la Agencia Europea de Químicos puede restringir aspectos de la producción, la venta o el uso de productos químicos tóxicos para proteger la salud pública y el medio ambiente), aumentaría la práctica del fracking (que puede provocar terremotos y libera en el medio grandes cantidades de agua que porta elementos radiactivos y grandes concentraciones de sal), obligaría a la UE a aceptar la comercialización de alimentos genéticamente modificados, carne de ternera o cerdo tratada con hormonas cancerígenas y pollo esterilizado con cloro, los productos derivados de la biotecnología dejarían de ser sometidos a tests de seguridad y de ser etiquetados como tales…
Esta igualación a la baja de normativas también afectaría al mercado bancario y financiero, concretamente al estadounidense, cuya regulación es más restrictiva que la europea. Al relajarse los controles sobre el flujo de capital (incluido el especulativo y desestabilizador) aumentaría el riesgo de futuras crisis financieras como la de 2008, que provocó la crisis actual.
Pero el tercer gran objetivo del TTIP es aún más dañino. Se trata de otorgar a los inversores privados el derecho de litigio contra leyes y regulaciones de los diversos estados, en aquellos casos en que las corporaciones sientan que tales leyes representan un obstáculo innecesario para el comercio, para su acceso a los mercados públicos o para sus actividades de suministro de servicios. Estos litigios se resolverían no de acuerdo a las jurisdicciones nacionales, sino a través de unas estructuras privadas de arbitrio llamadas “mecanismo de resolución de conflictos”, tribunales compuestos normalmente por tres personas, pertenecientes a un reducida élite de legisladores muy vinculados con los intereses de las corporaciones. Estos tribunales constituyen, de facto, una vía de sentido único por la que la corporaciones pueden pedir indemnizaciones millonarias (que pagarían los contribuyentes) a los gobiernos cada vez que estos intentasen legislar para proteger el interés público a costa de los intereses privados.
Como vemos, el TTIP es en realidad un proyecto político y de clase de una élite transatlántica cuyo objetivo es atacar y revertir los logros en materia social conseguidos durante muchos años de lucha por la clase trabajadora. Pretende llegar a una situación sin ley, donde las corporaciones y los bancos pueden imponer su voluntad y poner sus intereses por delante de las necesidades de los ciudadanos.
La clase trabajadora de ambos lados del Atlántico debe movilizarse para detener este tratado que amenaza sus derechos. Una cooperación económica real y justa entre diferentes regiones del mundo solo puede darse en el marco de una economía planificada, bajo el control de gobiernos democráticos de los trabajadores.