Esta crisis es ante todo una buena muestra del arte del birlibirloque de este gobierno: no sólo está incumpliendo todas sus promesas nada más iniciada su legislatura, sino que ha acelerado un proceso del capitalismo iniciado a finales del siglo XX que consiste en transformar la política, lo público, el Estado, los servicios colectivos sean o no de primera necesidad, todo en definitiva, en un gran mercado en el que todo tiene un precio de compra y de venta y en el que las personas somos mera mercancía, comenzando por los trabajadores, con un evidente valor a la baja. Este proceso de transformación teórico y práctico tiene en el lenguaje un campo de batalla. Si uno se fija en los anuncios de la RENFE transmitidos por sus altavoces, hemos dejado de ser considerados como viajeros o pasajeros para ser tratados como clientes y esto es, en el fondo, la clave para entender lo que pasa, el profundo cambio ideológico que quiere imponer el neoliberalismo al modelo capitalista actual, convirtiéndonos no en trabajadores o en ciudadanos, sino en meros clientes que valemos según nuestra capacidad de compra.
Y en efecto, es en el lenguaje donde se quiere introducir toda una serie de modificaciones ideológicas que transforma el modelo de Estado. La Unión Europa ha impuesto en los últimos años la idea del déficit cero. El Estado, según esta filosofía, no se puede endeudar, no puede gastar más de lo que posee, y los defensores de esta teoría lo comparan al gasto en las familias, contraviniendo el concepto de Estado que existía en Europa y cuyos bases teóricas fueron establecidas por Keynes y la socialdemocracia europea, y que de momento se está cargando uno de los rasgos característicos del modelo europeo de capitalismo, el Estado de bienestar. En España, además, se introdujo en la misma Constitución la imposibilidad de superar un nivel de gasto público mediante un vergonzante pacto entre el PSOE y el PP para cambiar una Carta Magna, recuérdese, que parecía considerarse intocable por el estamento político. El último paso lo ha dado el expresidente Aznar, al afirmar que no es posible mantener el Estado del bienestar, con lo que está refiriéndose a que los ricos no pueden seguir manteniendo a los desheredados y de este modo mantener su nivel de riqueza.
Los recortes en educación, sanidad, administración pública, la privatización de las cajas ya iniciada con el gobierno anterior, la subida de los impuestos, que perjudica sobre todo a la clase media, a los profesionales liberales y en especial a una clase trabajadora ya muy afectada por la crisis, supone un cambio ideológico en la concepción del Estado que el PP comparte con el neoliberalismo internacional, pero que adquiere en España además unas características especiales y concretas. Surgen ya voces desde la prensa conservadora – por ejemplo, en el ABC- o incluso en algunos sectores del propio PP – Esperanza Aguirre - críticas al modelo autonómico y que plantean la necesidad de recentralización. No olvidemos que al PP nunca ha acabado de asumir el modelo plural, léase autonómico, que el federal o confederal ni se lo ha planteado nunca. El ministro de Justicia, por su parte, el Sr. Gallardón cuestiona la Ley del Aborto tal como está ahora establecida. Estos dos ámbitos, la recentralización territorial y la oposición al aborto, nos retrotraen a una concepción de España central y única, y a un concepto sesgado del cuerpo y del papel de la mujer.
Pero es en lo económico donde se aprecia sobre todo la consonancia del PP con el neoliberalismo real más intransigente, para quien el poder no está tanto en las instituciones de gobierno, meros gestores económicos, sino en los mercados, porque son los mercados, se nos dice, los que marcan la agenda política, con lo que se priva al Estado, a sus instituciones, de capacidad de decisión, pero sobre todo de equilibrio que debería tener la administración, al menos en teoría, con lo que incluso se elimina cualquier concepción democrática, ya que los mercados gobiernan no para perseguir la justicia social, alejándose con ello con las corrientes de pensamiento más sociales, ya sea socialdemócratas o socialcristianas, sino los beneficios, nada más que los beneficios.
El gobierno del PP ha mantenido y acelerado el proceso de privatización de las Cajas de Ahorro, ya iniciado bajo el gobierno de Zapatero, sin introducir unos límites éticos ni cuestionar escandalizado a buena parte de la sociedad española, afectada por los recortes y por la crisis. Todo ha de estar regulado por los mercados y nada debe quedar bajo el control efectivo de los órganos administrativos.
El Estado español no sólo ha perdido soberanía económica al aceptar el euro, sino que ahora pierde cualquier herramienta que le hubiera permitido, a la administración central o a las administraciones autonómicas y locales, incidir en la economía real. Y no se ha hecho esperar el siguiente paso en este desmontaje ideológico del concepto de Estado: aprovechar la crisis también para eliminar la figura de funcionariado público, que el funcionario público no esté supeditado a leyes laborales diferentes a las del resto de trabajadores, pero igualándoles en la precariedad y en la facilidad para despedirles. Esto es, la administración no sólo ha de estar gestionado como si de una empresa se refiere, con déficit cero, sin endeudamiento, sino que además sus empleados han de ser productivos y han de ajustar sus salarios a los que marquen la precariedad dominante.
Lo que se está introduciendo en los esquemas teóricos y prácticos de la actual política no deja de ser una añeja tesis neoliberal: más mercado, menos Estado. No deja de ser la tesis tradicional defendida por la Escuela de Chicago y que no era otra que reducir al Estado a una mera y flaca función de policía, todo lo demás se dejaba en manos del mercado, del capital, en una concepción cuya única filosofía son los beneficios.